Para qué la Mediación Penal

Editorial del último boletin de Ikusbide del mes de abril de 2008

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La mediación penal no nació en el juzgado o en la administración. Nació en la calle cuando muchas personas y comunidades se dieron cuenta de que muchos de los delitos penalizados podían prevenirse y evitarse sin el recurso al castigo punitivo. Surgió de la relación vecinal y familiar, sobre todo en los barrios marginales, al verse los efectos perversos de una inadecuada respuesta institucional frente a una parte de la juventud en situación de abandono social que es perseguida, inculpada y encarcelada por delitos menores.

Vieron que gran parte de éstos y en general la gran mayoría de los delitos procesados por la maquinaria jurídico-penal podían resolverse con dispositivos de apoyo social evitando así los efectos perversos de la intervención del sistema penal. Y así al amparo de la sensibilidad de algunos operadores jurídicos que, aunque escasos, tienen un cultura jurídica restaurativa y no vengativa, impulsaron la necesidad de sacar fuera del ámbito judicial la resolución de los conflictos, buscando evitar en lo posible los efectos frecuentemente iatrogénicos que genera nuestro actual sistema penal cada vez más empeñado en el recurso a la penalización, lo cual sirve para la autoreproducción del propio sistema penal, pero en medida alguna para enmendar su cada vez más devaluada eficacia en la prevención y lucha contra el delito.

En la actualidad, nos encontramos en un proceso de institucionalización progresiva de la mediación penal, pero corremos el gran riesgo de que esta alternativa sea complementaria y no sustitutiva de la intervención penal, el riesgo de que esta propuesta a igual que ha ocurrido con muchas otras, se atrinchere en los despachos judiciales y no sea más que un elemento más de instrumentalización de las propuestas y experiencias nacidas de la solidaridad. El riesgo de que se convierta en un mecanismo burocrático para quitarse de encima algunos de los asuntos que jamás debieron de llegar a los juzgados de lo penal, el riesgo de que se convierta en un mecanismo más de toma de decisiones en los que el infractor y la víctima sigan siendo utilizados para justificar decisiones que se toman a espaldas de ellos con la apariencia de que son participes de las mismas.

Para evitar los riesgos de esta institucionalización que puedan inhabilitarla y convertirla en un mero recurso procesal más, resulta imprescindible, entre muchas otras cosas, dar protagonismo en la gestión de los servicios de mediación penal a entidades sociales cuya vocación no sea mercantil y endogámico-penal, sino que respondan a los objetivos de desjudicialización, despenalización y descriminalización de la marginación social apuntados.

Los servicios de apoyo a la administración de justicia, y en especial la mediación penal, han de ser elementos para garantizar derechos y, sobre todo, para reducir el recurso a la justicia penal, a las políticas criminales, a la medidas de privación de libertad y, en consecuencia han de ser evaluados en su eficacia como contribución a liberarnos de la ineficaz intervención punitiva de la que tanto se abusa en nuestra sociedad y, que a la larga, tal y como viene demostrando, crea más problemas de seguridad ciudadana de los que presuntamente trata de evitar.

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